RECLAMAMOS AL MINISTERIO DE SANIDAD Y AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE RECTIFIQUEN Y NO OFREZCAN SOLUCIONES FAST FOOD A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES
Las nuevas medidas de confinamiento tomadas en la última semana por el coronavirus han contemplado entre otras, el cierre de colegios y sus comedores escolares, dejando a miles de familias, y en especial las perceptoras de la renta mínima de inserción (RMI), unas 12.000 familias, sin este servicio público tan esencial para sus hijas e hijos.
Como solución, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ha recurrido a dos empresas conocidas de comida rápida, Telepizza y Rodilla, para que sean éstas las que suministren menús a las familias más necesitadas por ser ya becadas por este servicio público y/o que presenten dificultades para alimentar a los menores a su cargo. En contraposición, ha permitido un ERTE para que las empresas que gestionan los comedores públicos, puedan realizar los despidos necesarios, dejando a miles de trabajadoras/es en la calle, a favor de depositar su confianza en las grandes empresas de fast-food.
Desde Justicia Alimentaria denunciamos que esta medida pública de suministro de menús altamente insanos, vulnera el Derecho a la Alimentación de las y los escolares más vulnerables aprovechando el oportunismo de las grandes empresas en un momento de necesidad de fortalecer el sistema inmunológico y llevar una dieta nutricionalmente adecuada. Por todo ello, nos sumamos a las peticiones de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado “Francisco Giner de los Ríos” (FAPA) que reclaman al gobierno de la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Sanidad alternativas de alimentación saludable y que la partida presupuestaria pública se invierta en ofrecer menús saludables y no se deje la salud y el bienestar de los niños y las niñas en manos de restaurantes fast food.
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