LA COMUNIDAD EDUCATIVA APOYA LA PARALIZACIÓN DE LA LOMCE

“Las redes por una nueva política educativa” apoyan la Proposición de ley de paralización de la LOMCE que abre el camino hacia su derogación para ser sustituida por un proyecto de ley básica de educación acordado por toda la comunidad educativa.

“Las redes por una nueva política educativa”(1) apoyan la Proposición de Ley del Partido Socialista Obrero Español sobre suspensión del calendario de implantación de la LOMCE (15/11/2017), apoyada por Unidos-Podemos, Ciudadanos, y el resto de los partidos políticos de la oposición, para la derogación de la LOMCE.

El proyecto de ley suspende el calendario de implantación de la LOMCE y la entrada en vigor de las normas reglamentarias que lo desarrollan o no hayan tenido aplicación, entendiendo que esto afecta especialmente a las reválidas. Además, compromete al gobierno a la elaboración de una ley básica de educación con el mayor acuerdo social y político posible en la que participen administraciones, comunidad educativa, interlocutores sociales y fuerzas políticas, que sustituirá a dicha ley.

Gran parte de la comunidad educativa, colectivos, organizaciones y partidos se han opuesto rotundamente a esta ley por las graves consecuencias que pueden tener para el sistema educativo público. La reforma de la LOMCE no se puede pactar con unas pocas medidas superficiales realizadas con prisas cuando la comunidad educativa y la mayoría de fuerzas políticas están pidiendo su derogación. Una ley que dé estabilidad al sistema educativo necesita participación, debates y consensos que consigan cambiar la inercia que han tenido las últimas leyes educativas.

La ideología de la LOMCE supone un aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros: por la promoción de itinerarios, las evaluaciones y rankings, la segregación por sexos y la competitividad creada en el sistema educativo por el sentido mercantilista de la ley.

Es necesario restituir las competencias del Consejo Escolar del Centro y del Claustro, garantizar su carácter laico, eliminar el modelo autoritario y antidemocrático de nombramiento de directores y directoras de la LOMCE. Así como evitar la supresión de líneas en los centros educativos públicos para favorecer la educación privada-concertada.

También se debería apostar por la equidad paralizando los recortes en la Escuela pública y en las Universidades públicas y revirtiendo los que se han hecho estos años. España se sitúa en 2014, según el informe anual de la Comisión Europea, entre los Estados miembros que asignan una cantidad “más baja” a la educación en sus presupuestos anuales: un 4,1% de porcentaje del PIB o el 0,9% en gasto general. Mientras en los presupuestos la inversión en educación ha bajado desde la crisis, el número de estudiantes se ha incrementado en un 6%.

Por ello “Las Redes por una nueva política educativa” demandan que sea escuchada la comunidad escolar y se tenga en cuenta el documento elaborado con la participación de organizaciones, colectivos y partidos políticos como base para una nueva ley educativa(2). Una ley que debe incidir en un proceso de construcción democrática y abierta que conduzca a la derogación de la LOMCE.